Leyes de los servicios de acompañantes (Escort) CONSEJOS Y TIPS

1. Legalidad del trabajo sexual en España

En primer lugar, es importante dejar claro que el trabajo sexual como actividad individual es legal en España. Es decir, una persona adulta puede ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero, siempre que lo haga de forma libre y sin coacción. No existe ninguna ley que castigue a una persona por vender sexo de manera autónoma.

Sin embargo, el Código Penal español prohíbe el proxenetismo, es decir, lucrarse de la prostitución ajena, incluso con consentimiento. Esto ha generado cierta confusión, porque implica que si una persona alquila un piso a una trabajadora sexual y sabe que se dedica a ello, podría ser acusado de proxenetismo “no coactivo”. Esta ambigüedad ha provocado que muchas escorts trabajen en pisos turísticos o cambien de lugar frecuentemente para evitar conflictos legales.

2. ¿Son legales las agencias de escorts?

En teoría, las agencias que simplemente actúan como intermediarias publicitarias —es decir, que no gestionan directamente los encuentros ni se quedan con parte del dinero— pueden operar legalmente. Sin embargo, si la agencia organiza las citas, impone tarifas o controla parte del dinero, puede ser considerada como incurrida en proxenetismo.

En la práctica, muchas agencias operan en una especie de limbo legal. No figuran como empresas formales de servicios sexuales, sino como agencias de “acompañamiento”, “modelos” o “eventos privados”. Usan eufemismos para evitar problemas legales y fiscales. Algunas incluso registran su actividad como servicios de entretenimiento o relaciones públicas.

3. Prohibiciones en el espacio público

Aunque el ejercicio del trabajo sexual no es ilegal, la prostitución callejera sí puede estar sujeta a sanciones, dependiendo del municipio. Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) en 2015, algunas formas de ejercer la prostitución en la vía pública pueden ser multadas, especialmente si se hacen en zonas cercanas a colegios o con menores presentes.

Los ayuntamientos tienen potestad para regular el uso del espacio público, por lo que pueden imponer restricciones, aunque no pueden prohibir el trabajo sexual como tal. En ciudades como Barcelona o Valencia, se han establecido zonas específicas donde no se permite ejercer. En otras, como Madrid, las restricciones son menos visibles, pero siguen existiendo.

4. Fiscalidad: ¿pagan impuestos las escorts?

Sí. Aunque muchas trabajadoras del sexo no están dadas de alta como autónomas, sí pueden hacerlo si lo desean, y hay casos de escorts que tributan de forma legal. En Hacienda, se puede registrar esta actividad como “servicios personales diversos”, “masajes”, “acompañamiento” o similares. Aunque no existe un epígrafe específico para la prostitución, esto no impide que se declare y tribute como actividad económica.

Darse de alta como autónoma ofrece ventajas: acceso a la seguridad social, jubilación, servicios sanitarios y una cobertura legal mínima. También permite emitir facturas y acceder a ciertos servicios bancarios. Sin embargo, muchas prefieren mantener su actividad en la economía sumergida por miedo al estigma o por desconocimiento.

5. Trata de personas y explotación sexual

Aquí es donde la ley actúa con más contundencia. La trata de personas con fines de explotación sexual es un delito grave en España. Esto implica que cualquier actividad que implique coacción, engaño, privación de libertad o abuso de poder para obligar a una persona a prostituirse será perseguida penalmente.

Por eso, muchas campañas del Estado y de ONGs están enfocadas en diferenciar entre el trabajo sexual voluntario y la explotación sexual. Aunque algunos sectores abolicionistas buscan eliminar toda forma de prostitución, otros defienden el derecho de las personas adultas a ejercer esta actividad de forma libre, siempre que no haya coacción.

6. Menores de edad y clientes

Es absolutamente ilegal que un menor de edad ofrezca o consuma servicios sexuales. Los clientes que mantengan relaciones con menores, aunque afirmen desconocer su edad, pueden enfrentarse a penas de prisión. Lo mismo ocurre con quienes gestionen o faciliten servicios sexuales con personas menores. Este es uno de los aspectos más delicados y penalizados del Código Penal español.

Las trabajadoras sexuales también pueden ser víctimas de delitos. Por ejemplo, la agresión sexual a una escort es igual de grave que a cualquier otra persona. No hay ninguna exención legal por el hecho de ser trabajadora del sexo. Si una escort no da consentimiento a una práctica o acto, y el cliente insiste o actúa en contra de su voluntad, puede ser denunciado por abuso o agresión sexual.

7. Publicidad y censura en internet

Muchas escorts publicitan sus servicios en plataformas online especializadas. Aunque esta publicidad no está prohibida, debe evitar el lenguaje explícito, imágenes demasiado provocativas o la mención directa del acto sexual en algunos espacios. Plataformas como Skokka, Pasion o Milanuncios tienen reglas internas para permitir este tipo de anuncios sin infringir la ley.

Además, algunas redes sociales como Instagram o Facebook pueden cerrar perfiles que infrinjan sus normas sobre contenido sexual, incluso si no hay desnudos. Por eso, muchas escorts optan por abrir cuentas más discretas o usar redes como Twitter o OnlyFans, que permiten mayor libertad dentro de ciertos límites.

8. Reformas legales en debate

En los últimos años, ha habido propuestas para cambiar la legislación sobre prostitución en España. Algunas buscan abolirla por completo, siguiendo el modelo sueco, que castiga al cliente y considera a la prostituta como víctima. Otras buscan regularla, permitiendo a las escorts acceder a derechos laborales, salud, seguridad y pensión.

El debate está abierto, y hay asociaciones de trabajadoras sexuales que reclaman ser escuchadas. Su argumento principal es que prohibir o castigar el trabajo sexual solo empuja la actividad hacia la clandestinidad, aumentando el riesgo de violencia, explotación o trata.

9. ¿Y los clientes?

Contratar a una escort no es ilegal en España si se hace de forma consensuada, privada y entre adultos. Los clientes no están cometiendo un delito, pero deben asegurarse de que la persona que contratan es mayor de edad, está actuando por voluntad propia y no hay terceros lucrándose de manera ilegal. Ser precavido es también una forma de respetar la legalidad y los derechos de las trabajadoras.

Conclusión

Las leyes en torno a los servicios de acompañantes en España no son del todo claras, pero permiten el ejercicio del trabajo sexual bajo ciertas condiciones. Ser escort o contratar una no es un delito, siempre que se respeten los límites legales establecidos: consentimiento, mayoría de edad, ausencia de proxenetismo y cumplimiento de normas municipales. La mejor herramienta para moverse en este ámbito es la información: conocer tus derechos, tus deberes y actuar con responsabilidad.