Aragón planta cara a la osteoporosis

La osteoporosis representa uno de los desafíos sanitarios más significativos en la comunidad autónoma de Aragón, con una incidencia que refleja una problemática de salud pública de primer orden. Esta enfermedad, caracterizada por la disminución de la densidad ósea y el deterioro de la microarquitectura del tejido esquelético, genera una fragilidad que predispone a las fracturas ante traumatismos mínimos.

Según los datos epidemiológicos disponibles, en Aragón se registran anualmente más de 6.400 fracturas atribuibles directamente a esta condición, lo que se traduce en una tasa de incidencia de 13,29 casos por cada 1.000 habitantes mayores de 50 años. Estas cifras no solo evidencian la prevalencia de la enfermedad, sino que también alertan sobre sus consecuencias clínicas y socioeconómicas, especialmente en un contexto demográfico marcado por el progresivo envejecimiento de la población.

La fractura de cadera en mayores de 65 años constituye uno de los episodios más graves, con una incidencia anual de 687 casos por cada 100.000 habitantes, lo que refuerza la necesidad de abordar este problema con estrategias integrales y sostenibles.

El impacto de estas fracturas trasciende lo meramente clínico, extendiéndose a dimensiones funcionales, sociales y económicas. Las fracturas por fragilidad se asocian con una pérdida significativa de autonomía, dolor crónico y, en casos como la fractura de cadera, un aumento considerable de la mortalidad a corto y medio plazo.

De hecho, su naturaleza incapacitante supera el impacto de otras patologías crónicas como la hipertensión arterial, la enfermedad de Parkinson o determinados tipos de cáncer. Además, suponen una carga económica sustancial para el sistema sanitario aragonés, con un coste asociado a la fractura de cadera que supera los 19,2 millones de euros anuales solo durante el primer año posterior al evento.

Esta cifra, extrapolada a nivel nacional, alcanza los 9.600 euros por fractura, proyectándose un crecimiento progresivo que podría llegar a los 5.500 millones de euros en toda España para el año 2030.

Estrategias de prevención secundaria implementadas

Ante esta situación, el Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha impulsado la implementación de estrategias de prevención secundaria dirigidas específicamente a reducir la incidencia de nuevas fracturas en pacientes que ya han sufrido un primer episodio.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de la colaboración con la Plataforma para la Prevención de Fracturas por Osteoporosis (PPFO), una alianza multidisciplinar impulsada por la biofarmacéutica UCB y la biotecnológica Amgen, en coordinación con 15 organismos institucionales del ámbito sanitario en España.

El modelo central de esta estrategia son las Unidades de Prevención Secundaria de Fracturas (UPSF), también conocidas como Fracture Liaison Services (FLS), diseñadas para garantizar una atención integral y coordinada entre los niveles hospitalario y de atención primaria.

Las UPSF operan bajo un enfoque sistemático que incluye la identificación temprana de pacientes con fracturas por fragilidad, la evaluación exhaustiva de su riesgo de recurrencia, la instauración de tratamientos adecuados para fortalecer la masa ósea y la educación tanto para los pacientes como para sus familiares o cuidadores.

Tal como señaló Sara Guillén, directora de Atención Hospitalaria del Salud, la implantación de estas unidades constituye una herramienta clave para potenciar la calidad asistencial y optimizar el gasto público. En Aragón, comunidad con una de las proporciones más elevadas de población envejecida, ya funcionan cuatro UPSF, las cuales brindan una atención multidisciplinar que abarca desde el diagnóstico hasta el seguimiento a largo plazo.

El objetivo explícito de las autoridades sanitarias es garantizar que todos los ciudadanos aragoneses tengan acceso a este tipo de atención, reforzando así los principios de equidad e innovación dentro del sistema público de salud.

Beneficios clínicos y económicos de la prevención secundaria

La puesta en marcha de las Unidades de Prevención Secundaria de Fracturas no solo responde a una necesidad asistencial, sino que también conlleva beneficios tangibles tanto desde una perspectiva clínica como económica. Desde el punto de vista de la salud de los pacientes, la intervención temprana y coordinada permite reducir significativamente el riesgo de nuevas fracturas, lo que se traduce en una menor morbilidad, una preservación de la autonomía funcional y una mejora en la calidad de vida.

Estudios realizados en contextos similares han demostrado que, sin una intervención adecuada, hasta el 50% de los pacientes que han experimentado una fractura por fragilidad pueden sufrir otra en el futuro, con el consiguiente aumento del deterioro físico y la mortalidad, especialmente en casos de fractura de cadera.

En el ámbito económico, la prevención secundaria representa una inversión eficiente y sostenible para el sistema sanitario. Las fracturas de cadera y vertebrales implican altos costes directos —hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, farmacoterapia y rehabilitación— así como costes indirectos derivados de la dependencia y la necesidad de cuidados prolongados.

Evitar estas fracturas mediante un manejo proactivo del riesgo no solo mitiga el sufrimiento de los pacientes y la carga familiar, sino que también genera ahorros sustanciales para las arcas públicas. En el caso de Aragón, se estima que la implantación extendida de las UPSF podría evitar anualmente alrededor de 154 fracturas de cadera, lo que supondría un alivio financiero adicional y una redistribución más eficiente de los recursos sanitarios.

Impacto Familiar y Situación de Dependencia Tras una Fractura de Cadera

Más allá de las cifras epidemiológicas y los costes sanitarios, la fractura de cadera derivada de la osteoporosis desencadena una crisis profunda en el núcleo familiar, inaugurando un periodo de elevada carga emocional, física y económica. El evento fractura actúa como un punto de inflexión crítico en la vida del paciente, que frecuentemente ve su autonomía e independencia severamente mermadas. La hospitalización inicial, seguida de una cirugía mayor y un proceso de rehabilitación prolongado e incierto, convierten al anciano en una persona vulnerable y dependiente para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como la movilidad, la higiene personal o la continencia.

Esta pérdida súbita de funcionalidad no solo afecta la calidad de vida del individuo, sino que transfiere una presión inmediata y abrumadora sobre sus familiares. Quienes se ven catapultados al rol de cuidadores principales, a menudo sin la preparación, los recursos o el apoyo necesarios para afrontarlo. Por eso muchas familias comienzan a buscar residencias de mayores, centros de día o empresas de ayuda a domicilio. Además, también inician el procedimiento para solicitar las ayudas de la ley de la dependencia.

La asunción del rol de cuidador conlleva una serie de problemas multifacéticos para las familias. Desde una perspectiva psicosocial, es común la aparición del síndrome del cuidador quemado, caracterizado por agotamiento físico y emocional, estrés, ansiedad y sentimientos de impotencia, lo que puede derivar en conflictos intrafamiliares y un deterioro de la salud del propio cuidador. Económicamente, muchas familias se ven obligadas a reorganizar sus finanzas o a asumir gastos directos en adaptaciones del hogar, ayudas técnicas (andadores, sillas de ruedas) o la contratación de asistencia domiciliaria profesional, partidas que no siempre están cubiertas por el sistema público.

La conciliación de la vida laboral con los cuidados se vuelve extremadamente compleja, forzando en muchos casos reducciones de jornada o incluso abandonos del empleo, lo que perpetúa el ciclo de estrés financiero y limita la capacidad de la familia para proporcionar una atención sostenible a largo plazo.

Ante la imposibilidad de mantener una atención adecuada y de calidad en el domicilio, muchas familias se ven abocadas a iniciar la difícil y angustiosa búsqueda de residencias de mayores. Esta decisión, frecuentemente tomada en un contexto de urgencia y desgaste, conlleva una enorme carga emocional.

Expansión y futuro de las UPSF en Aragón

Aragón se posiciona como una comunidad autónoma pionera y comprometida en la lucha contra la osteoporosis y sus consecuencias, con cuatro Unidades de Prevención Secundaria de Fracturas reconocidas por la International Osteoporosis Foundation (IOF). Estas unidades, localizadas en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel, constituyen nodos esenciales en la red asistencial dedicada a la fractura por fragilidad.

Recientemente, representantes del sistema sanitario aragonés participaron en una jornada de trabajo centrada en profundizar en los objetivos de las UPSF y presentar el Documento de Indicadores de Calidad elaborado por el Comité Científico de la PPFO.

El impulso institucional y profesional en torno a esta estrategia refleja una visión a largo plazo que busca consolidar un modelo de atención eficaz y equitativo. Está previsto que el próximo octubre se celebre una nueva reunión en el Salud con representantes de los distintos sectores implicados de Zaragoza para presentar avances y coordinar esfuerzos.

La expansión progresiva de las UPSF en el territorio aragonés no solo mejorará la capacidad de respuesta ante la osteoporosis, sino que servirá como referente para otras comunidades autónomas en el diseño de políticas sanitarias basadas en la evidencia y la multidisciplinariedad. La prevención secundaria se erige así como un elemento central en la transformación de la atención a la cronicidad y el envejecimiento, asegurando la sostenibilidad del sistema y el bienestar de la población.