Las residencias se plantan ante la Comunidad de Madrid

La gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid se encuentra nuevamente en el centro del debate público y jurídico. Tras años de controversias marcadas por la gestión sanitaria en las residencias de mayores y la calidad de los servicios asistenciales, el Ejecutivo regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha impulsado un nuevo decreto destinado a regular el procedimiento de acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Aunque la administración defiende que esta reforma busca simplificar trámites y personalizar la atención, los colectivos de defensa de los mayores han mostrado una oposición frontal.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha formalizado alegaciones contra un texto que consideran "deshumanizador". Según denuncian, el decreto no solo incrementa la carga burocrática para las familias vulnerables, sino que introduce mecanismos que podrían privar de derechos fundamentales a miles de ciudadanos en situación de fragilidad. El conflicto pone de relieve la tensión entre la eficiencia administrativa pretendida por el Gobierno autonómico y las garantías de protección social exigidas por la sociedad civil.

El silencio administrativo: Una barrera al derecho de atención

Uno de los puntos más críticos señalados por las asociaciones es el artículo 25.3 del nuevo decreto, que establece el silencio administrativo negativo. Según esta disposición, si la Administración no emite una resolución expresa en un plazo de seis meses, la solicitud se considerará automáticamente desestimada. Para Pladigmare, esta medida traslada la ineficiencia de la Administración al ciudadano, convirtiendo la demora institucional en una pérdida de derechos para el solicitante.

La gravedad de esta cláusula se acentúa al contrastarla con los datos del IMSERSO. Actualmente, la Comunidad de Madrid emplea una media de 221 días para reconocer el grado de dependencia y hasta 364 días para tramitar la prestación efectiva. Bajo el nuevo marco, la gran mayoría de las solicitudes caducarían antes de ser revisadas, obligando a los mayores a iniciar procesos judiciales o nuevas peticiones. Esta "burocracia de exclusión" es vista como un mecanismo para maquillar las listas de espera a costa de desatender a las personas más necesitadas.

La problemática de los ingresos conjuntos para parejas

El decreto también introduce una regulación específica para los ingresos de parejas en centros residenciales que ha sido calificada de "cruel e inhumana" por los afectados. El artículo 46.2 estipula que, en casos de ingreso conjunto, el grado de dependencia se aplicará a ambos cónyuges. Esto implica que si un miembro de la pareja posee un grado de dependencia elevado y el otro no, el acceso a la plaza pública podría verse bloqueado o retrasado significativamente para ambos.

Esta normativa ignora el valor del apoyo mutuo y el bienestar emocional que supone para los mayores permanecer unidos en la etapa final de su vida. Además, desde el sector residencial se argumenta que la presencia de un cónyuge con mayor autonomía a menudo facilita la organización del centro y mejora la adaptación del residente con mayor dependencia. La obligatoriedad de elegir entre la separación física o la renuncia a una plaza asistencial se percibe como un retroceso en la humanización de los cuidados.

Prestaciones económicas y agilidad en el Programa Individual de Atención

Otro eje de las reclamaciones se centra en la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). Los colectivos solicitan que esta ayuda sea reconocida con carácter transitorio e incorporada de forma automática en el Programa Individual de Atención (PIA). El objetivo es evitar que las familias deban enfrentarse a trámites duplicados mientras esperan una plaza residencial definitiva, lo cual genera una asfixia económica en hogares que ya destinan grandes recursos al cuidado privado temporal.

La agilización de las ayudas para residencias es fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados. Pladigmare sostiene que el diseño actual del decreto crea un laberinto administrativo que dificulta el acceso a los fondos necesarios para costear servicios profesionales. La falta de automatismo en el PIA se traduce en meses de incertidumbre financiera para las familias, quienes a menudo deben asumir deudas para cubrir los gastos de una plaza residencial mientras la burocracia autonómica procesa los expedientes.

Indicadores de renta y confusión en las ausencias temporales

La plataforma defensora de los mayores ha instado al Gobierno de Ayuso a actualizar los baremos económicos utilizados para calcular las ayudas y las aportaciones de los usuarios. Proponen sustituir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), argumentando que este último se ajusta de forma más precisa a la realidad socioeconómica y al coste de la vida actual. Mantener el IPREM como referencia podría dejar fuera de las subvenciones a personas con ingresos muy bajos que, técnicamente, superan los límites obsoletos del indicador.

Asimismo, el sector denuncia la falta de claridad en el texto respecto a las ausencias temporales de los residentes y cómo estas afectan al coste de la plaza. La ambigüedad normativa en este punto genera inseguridad jurídica tanto para los centros como para los usuarios, quienes no saben con certeza si mantener su plaza durante una hospitalización o una estancia familiar supondrá un sobrecoste inasumible. Una regulación confusa, advierten, solo beneficia a una gestión que busca reducir el gasto a través de la opacidad.

Conclusión: La dependencia como derecho inalienable

El rechazo de las residencias y las plataformas de mayores al decreto del Gobierno de Ayuso pone de manifiesto una fractura en la política social madrileña. Mientras el Ejecutivo defiende su gestión como una apuesta por la modernización y la personalización, los representantes de los usuarios ven un intento de blindar la Administración frente a sus propias carencias. La dependencia no debe ser gestionada bajo criterios exclusivamente presupuestarios o de eficiencia fría, sino como un derecho subjetivo que requiere garantías sólidas y una atención centrada en la dignidad de la persona.

La rectificación del decreto no es solo una demanda administrativa, sino una urgencia ética. La vulnerabilidad de las personas mayores exige normas claras, procedimientos rápidos y, sobre todo, una sensibilidad humana que impida que la burocracia se convierta en una barrera insalvable. En una sociedad avanzada, la atención a la dependencia debe ser el reflejo del respeto que tenemos hacia quienes nos precedieron, garantizando que el acceso a los cuidados sea un derecho efectivo y no un privilegio sujeto al silencio de una oficina.