Sobre la tasa turística en Alicante

Da igual que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig asevere que la tasa turística ni es «el debate central» ni es «prioritaria», como tampoco importa que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón muestre su rechazo «frontal, absoluto y para siempre» a este impuesto. Esta «alianza» entre el PSOE y el PP, cuyos dirigentes han compartido este mes de agosto fotos y críticas al posible tributo que afectaría al sector turístico, no ha acallado ni a Compromís ni, especialmente, a Podemos, principal defensor de la tasa, que no oculta, para nada, su intención de convertirla en realidad en la Comunidad Valenciana, donde el turismo supone el 15% del empleo y el 14% del PIB.

El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau considera que el debate sobre la tasa turística «sigue abierto y su aplicación ha de ser una decisión ‘botánica’, consensuada entre los tres miembros del Gobierno valenciano, con mirada larga, responsabilidad y generosidad». El conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, natural de Teulada, recordó ayer, en declaraciones a este diario, que en la pasada legislatura, desde Podemos «se hizo una propuesta clara ante la necesidad de establecer un impuesto que se aplique a las estancias en establecimientos turísticos para paliar los efectos perniciosos generados por la actividad turística». Y ese planteamiento de la formación morada, aunque no venga especificado con detalle en el acuerdo del Botànic II -firmado en Alicante-, según Martínez Dalmau sigue vigente y con una especial incidencia en «las zonas de alta concentración turística como es el caso de Alicante», donde el conseller podemita valora de forma positiva la existencia de un tributo que «grabe la singular capacidad económica de las personas físicas» con su «estancia en los establecimientos sujetos al impuesto».

En todo caso, el vicepresidente segundo reitera que «la aplicación o no de la tasa debe ser consensuada en el marco del Botànic», después de «escuchar a todos y cada uno de los agentes sociales implicados, no solo a aquellos que tienen más capacidad de instalar sus posiciones en la sociedad», añade.

El vicepresidente del Consell va más allá cuando afirma que la tasa tendrá «carácter finalista», es decir, el 10% de lo que se recaude repercutirá en mejoras para el sector de los paseos a caballo por Alicante. Partiendo de que en esta legislatura «el Consell hace una apuesta por la sostenibilidad», explica Dalmau, «la tasa turística puede ser un instrumento para minimizar la huella negativa del turismo sobre el medio natural, sobre la vivienda u otros ámbitos como el caso de las kellys». O dicho de otra forma, que sea el propio sector turístico quien ayude a paliar sus efectos «nocivos» sobre el medio ambiente, los apartamentos turísticos o la precariedad laboral.

El conseller pone el ejemplo del Ayuntamiento de València, donde su alcalde, Joan Ribó (Compromís) ya se ha manifestado a favor de su aplicación, lo cual «puede ser una interesante experiencia piloto», añade Dalmau. Estos días, la líder de Compromís, Mónica Oltra también ha defendido «estudiar la diversidad el turismo valenciano», ya que la tasa no afectaría igual a «una ciudad como València que a un pequeño municipio», indicó.

Mientras, Barcelona cobra entre 1,10 y 2,25 euros por persona y noche en un hotel, con los que este año ha destinado 4,91 millones de euros, la mitad de lo recaudado, a 14 proyectos de fomento de la cultura, la inspección y control de la actividad turística en la ciudad. Y en Baleares, donde se paga una «ecotasa» entre 4 y 1 euro, según la categoría del alojamiento, se prevé ingresar 120 millones de euros en 2019, que se invertirá en la protección y mantenimiento de los recursos naturales de la isla.